El ataque informático que sufrió la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) generó atrasos en la tramitación de permisos, por esta razón es que la entidad anunció que exonera de forma temporal ciertos requisitos para agilizar los trámites que requieren tanto los empresarios como la población en general, esto también gracias a las gestiones realizadas por la Cámara Costarricense de la Construcción, ante la afectación que estaban experimentando nuestros asociados.

Una serie de trámites ante la Administración Pública tales como: la participación en procesos de contratación administrativa, el trámite de beneficios fiscales, la inscripción de cualquier documento en los registros públicos mercantiles, la concesión de permisos municipales o sanitarios, requieren la acreditación de estar inscrito como patrono o trabajador independiente y al día en el pago de las obligaciones con la CCSS.

No obstante, como consecuencia del ataque cibernético que sufrió la CCSS el martes 31 de mayo pasado, fue necesario inhabilitar todos los sistemas informáticos y por ende están ante una imposibilidad material de emitir una constancia de la condición de los patronos y trabajadores independientes, en los términos señalados por el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

Por esta razón es que la CCSS decidió no entorpecer los trámites hasta que sus sistemas de información sean restablecidos “con fundamento en el criterio emitido por la Dirección Jurídica de la Caja en oficio GA- DJ- 4188- 2022, del 6 de junio de 2022; y bajo los principios de oportunidad, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, comunica que hasta tanto la institución no cuente nuevamente con la posibilidad material de aportar la información relevante para comprobar la condición de los patronos y trabajadores independientes con la Caja, deberá darse la continuidad a las gestiones de los administrados, de manera que no se entorpezca el trámite respectivo, aplicando lo previsto en la parte final el citado artículo 74”, indicó la CCSS.

Una vez que la entidad vuelva a la normalidad, será obligación de las instituciones donde se gestionaron esos permisos, verificar la condición contributiva y aplicar las sanciones respectivas en casos de morosidad.