La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reconoce la rapidez con que los señores diputados dieron trámite al veto parcial propuesto por el Poder Ejecutivo, al aprobar, en segundo debate el proyecto 21.637, denominado “Modificación del Transitorio V y Adición de un Transitorio V Bis a la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para el Impulso de la Reactivación Económica”. El texto aprobado establece la ampliación de la exoneración por un año más, así como la implementación de la gradualidad en el pago del IVA a partir del segundo año en los servicios de arquitectura, ingeniería, topografía y construcción de obra civil.

Instamos al señor Presidente de la República a firmar la Ley de manera célere para que pueda ser publicada y entre en vigencia a la mayor brevedad posible. Asimismo, exhortamos al Ministerio de Hacienda a emitir de forma ágil la reglamentación e implementar los procedimientos correspondientes para poder hacer efectiva la aplicación de la Ley.

A partir de la publicación en La Gaceta, todos los servicios de arquitectura, ingeniería, topografía y construcción de obra civil, prestado a los proyectos registrados y/o visados ante el CFIA, gozarán del beneficio de un 100% de exoneración del IVA hasta el 31 de agosto del 2021, mientras que en el segundo año estarán sujetos a una tarifa del 4%, en el tercero a un 8%, y a partir del 1 de setiembre del 2023 pagarán la totalidad del impuesto vigente en ese momento.

Con esta reforma los señores diputados generan un estímulo a la inversión en nuevas obras, evitando mayor desempleo e impulsando una mayor actividad en el sector construcción.  

Si bien este es un paso importante, el sector construcción requiere de mayor apoyo para dinamizarse, por medio de acciones concretas y claras de parte del Gobierno que generen confianza en los inversionistas y consumidores. Al respecto, desde hace varios meses, de forma responsable con el país y con nuestros asociados, presentamos una serie de propuestas con acciones que la industria requiere de manera urgente, entre ellas: una verdadera mejora regulatoria, la simplificación de trámites, reducción de costos y el acceso al crédito para mejorar el clima de negocios sectorial.

Hoy insistimos en estas medidas y en contar con una ruta económica con objetivos, responsables y fechas de ejecución, pues estamos ante un panorama complejo, nunca antes visto. Instamos al gobierno a reducir drásticamente el gasto, mas no la inversión de obra pública, que debe aumentarse para mejorar el bienestar de los habitantes y la competitividad del país.

Reconocemos la gravedad de la situación sanitaria, pero debe atenderse también de manera prioritaria la delicada situación económica, teniendo como objetivo principal la generación de empleo. En este sentido hacemos un llamado vehemente para que se quiten obstáculos a la empresa privada y se generen estímulos adicionales para que muchas de las obras de construcción, que no han podido comenzar, logren hacerlo, marcando el inicio de la tan ansiada reactivación económica que necesita nuestro país.