• Expertos aseguran que el país atraviesa por una coyuntura apropiada para la reactivación de proyectos de interés.

• Insisten en la urgencia de contar con una adecuada cartera de proyectos.

En medio de la crisis mundial por la pandemia del COVID-19, con la necesidad de no paralizar la economía, pero conscientes de la importancia de asegurar la salud de todos para luego volver a la dinámica diaria, emerge el tema de las Alianzas Público-Privada y su aporte en Costa Rica.

Para este especial de la Revista Construcción, consultamos a varios expertos en el tema de las APP’s, quienes concuerdan en que se debe fortalecer este modelo pues terminará provocando una extraordinaria dinámica y generará múltiples réditos al país.

Los expertos coinciden en que los resultados se verán a largo plazo, pero el país debe ir dejando de lado las improvisaciones, la falta de planificación y las discusiones ideológicas entorno al tema.

Las APP’s no son una figura única, pues no existe un único modelo, sino que en la práctica atiende diversas circunstancias y necesidades que van desde las conocidas concesiones, las iniciativas privadas, la gestión interesada y hasta los fideicomisos.

La exsecretaria del Consejo de Concesiones, Rocío Aguilar es el criterio que “Costa Rica tiene en esta materia, elementos muy positivos. Tiene un buen marco jurídico. Es un marco que ha funcionado realmente, para sacar adelante los proyectos que hasta la fecha tenemos.”

Agregó que ahora más que nunca, el país “necesita invertir sumas cuantiosas en infraestructura para lograr un mayor desarrollo. Es como un imperativo categórico, pero no tiene los recursos ni la capacidad para seguir endeudándose. Entonces, la participación privada representa una oportunidad”.

Para el Lic. Federico Villalobos, economista y experto en el tema, y quien además es el presidente del Comité de Infraestructura y Obras Mayores de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el país aún está en deuda con las diversas figuras que se tienen dentro de las alianzas público privadas.

“Tenemos una ley de hace más de 20 años y no la hemos explotado, creo que por dos razones en particular; la primera es más por los prejuicios de carácter ideológico, pues hay momentos que se engloba todo en la privatización de los servicios y la otra razón es, que hemos frenado obras porque se improvisa mucho. En este tipo de modelos no se puede improvisar y el proyecto San José-San Ramón es ejemplo de ello”, explica Villalobos.

Similar criterio esboza el economista Ronald Vargas, para quien el tema cultural e ideológico sobre todo de la pasada administración provocó atrasos importantes.

Cada vez que se hablaba de concesión inmediatamente se sataniza y el proyecto San José-San Ramón es el mejor caso. Se liquida la concesión, se hace un fideicomiso y la gente dijo sí, vamos adelante, son nuestros ahorros, son nuestros trabajadores, no viene nadie de afuera a llevarse la plata. Ahora pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos con ese plan y siguen sin avanzar? Si hoy hacemos números, la obra será dos veces más costosa si se hubiese concesionado”, asegura Vargas.

“Pasamos por una época en la que ideológicamente, había un rechazo a la participación del sector privado en esta clase de proyectos. Y pasamos realmente varios años muy metidos en la discusión acerca de si era bueno o no era bueno”, agregó Rocío Aguilar.

Los amarres fiscales

¿Este sería un momento para potenciar las diversas figuras de las APP’s, dada la coyuntura fiscal que atraviesa el país?

El Secretario del Consejo de Concesiones, José Manuel Sáenz Scaglietti, admite que las posibilidades de encontrar financiamiento a través de deuda, para hacer frente al déficit de infraestructura y las necesidades del país, enfrenta múltiples limitaciones.

“Llegando a una deuda tan alta, prácticamente las puertas se nos están cerrando, entonces lo que se viene haciendo en el resto del mundo es trabajar el tema de las APP’s. Lo que tenemos que tener claro es que no hay almuerzo gratis, es decir, por algún lado vamos a pagarlo, pero tenemos que restablecer la confianza en el sistema de concesiones y sobre todo que el aparato de producir las concesiones logre ser eficientes. Se trata de manejar estos proyectos como debe ser, porque esto hace que las mismas entidades que prestan a privados -para hacer estas obras- eleven el nivel de confianza, entonces podemos promover más competencia entre los privados, pero Costa Rica no está ahí en este momento, tenemos un pasado oscuro, en cuanto a las concesiones y no podría decirlo yo de otra manera”, reconoce el representante de la CNC.

Ante esa realidad, es que los tres consultados admiten que es urgente que el país tenga un adecuado portafolio de proyectos para dar en concesión.

Para el especialista Ronald Vargas, el modelo que se debería de utilizar es el fideicomiso, dado que lo considera una figura potente y que permite a los privados participar. 

“Cuando estamos hablando de APP’s se establece una relación de contrato y en este caso es uno de fideicomiso, entre un público y un privado, pero basado en la Ley de Contratación Administrativa, no en la Ley de Concesión de Obra Pública. Lo importante, es que el fideicomiso si bien no tiene un marco legal específico, incide en el Código de Comercio, en la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Contratación Administrativa. Pero cuando uno vuelve a ver la finalidad de un fideicomiso de obra publica, es hacer obra, desarrollarla y mantenerla. El fideicomiso es una figura potente que permite al privado también participar y los fondos son privados”, explica el economista Vargas.

En criterio del también economista, Federico Villalobos, las APP’s podrían contribuir a reducir el endeudamiento del país, siempre y cuando la asignación de riesgos se haga de manera adecuada, es decir, “los proyectos que no se contarían dentro de la deuda pública son aquellos que tienen un cobro al usuario porque son auto sostenibles. Además, se podría implementar otro modelo que es el reciclaje de activos, es decir, concesionar proyectos que ya están hechos, como por ejemplo el mantenimiento de la carretera Cañas-Liberia”.

Sobre el proyecto que menciona el economista Villalobos, de concesionar el mantenimiento de la vía Cañas Liberia, este se podría hacer de dos formas.  

1. Poniendo un peaje y el privado se encarga del mantenimiento y la operación e incluso puede generar recursos adicionales para otros proyectos en la zona.

2. Mediante una concesión: el Estado paga por cada carro que pase o paga por el desempeño de la carretera, es decir, soli- citando que se cumplan determinados estándares. Sería una ventaja, respecto a lo que se hace ahora, pues actualmente los contratos de mantenimiento son por cantidades de asfalto que ser utilizan, en cambio, con una APP’s la única medida es el desempeño, es decir si la calle está en buenas condiciones se paga.

Hacia dónde debemos caminar

Según el experto Ronald Vargas, nuevas leyes o reformas significativas a las que existen, posibilitan trabajar en pro de esa reactivación y sobre todo retornar a la confianza.

En su experiencia, ahora se está trabajando en el surgimiento de empresas que emergen de la asociación de un público y un privado, lo que él llama concesión de tipo mixta.

“Lo podemos hacer a través de la normativa nueva que tienen las municipalidades. Ellas deben tener el 51% de las acciones para que tengan el control y la contraparte privada el 49%, ya tenemos dos empresas y estamos trabajando con otros alcaldes para montar otra Sociedad Pública de Economía Mixta (SPEM), porque todos sabemos que las municipalidades tienen una capacidad de gestión muy reducida, dada su burocracia. Estamos viendo la posibilidad de crear empresas para la recolección de la basura, en temas de transporte, en servicios municipales con tasas específicas, en la operación de parqueos o parquímetros”, comentó Vargas.  

Vargas insiste en que para reactivar la economía se deben generar fuentes de trabajo, “si el Estado tiene capacidad para generar obra y esa obra a su vez genera mano de obra, la mano de obra se transforma en salarios y esos salarios generarán impuestos. Es un circulo virtuoso”.

El experto asegura que el país y sobre todo el CNC, deberían tener un plan nacional de infraestructura para los próximos 30 años, previendo desde ya que muchas de las obras que hoy se construyen, necesitarán ajustes en el corto y mediano plazo.

Sobre este punto de la importancia de planear obras, es que el economista Villalobos esboza cuatro áreas en las que se puede mejorar sustantivamente, en torno a las asociaciones público privadas.

- El primer punto es una adecuada preparación de proyectos, pues en APP´s no se puede improvisar porque se requiere de un proyecto bien preparado y estructurado con toda la pre ingeniería, para que los concesionarios y los bancos estén dispuestos a entrar a su desarrollo. Esto implica que los gobiernos entiendan que los proyectos superan los periodos de cuatro años y que se debe tener una visión de largo plazo.

- El segundo punto es la capacidad institucional, porque requerimos que además de la etapa de arranque del proyecto, el privado o concesionario que se queda con el proyecto pueda tener una contraparte técnicamente sólida para gestionar las cosas buenas y malas que se vayan presentando durante todo el contrato.

- El tercer elemento, es la transparencia, en el sentido que el usuario entienda en términos sencillos por qué se le está cobrando lo que se le cobra y por qué hay un concesionario que se queda 30 años en la operación de determinado proyecto. Esto es, poner la información a entendimiento del público para evitar los mitos.

- El cuarto elemento diferenciador, es la estructuración financiera de todo el proyecto, es decir, cómo va a salir al mercado, cuáles van a ser los indicadores, cómo voy a pagarlo, cuál es el impacto fiscal. Toda esa estructura financiera ligada al proyecto es sumamente importante para que salga al mercado de una manera sólida. Entonces, además de los elementos técnicos típicos de un proyecto, se requiere todo ese elemento financiero.

Fortalecer las alianzas públicas privadas trae, en criterio de los expertos consultados, diversos beneficios. Al sector público, la atracción de recursos privados y la capacidad para gestionar servicios públicos de una mejor manera porque existirá un sector privado con más experiencia en la gestión de puertos, aeropuertos y carreteras. Por ende, hay una mejora en el servicio que se brinda.

Y para el sector privado, genera una oportunidad a las empresas del sector construcción de tener contratos a largo plazo con la ventaja de generarse un proyecto no solo más demandante, sino además una oportunidad de contar con un proyecto a largo plazo. Además, en la parte financiera, permite que bancos, fondos de pensión, aseguradoras y otro tipo de inversionistas puedan asignar sus recursos a proyectos interesantes y de impacto nacional.

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