La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reitera su preocupación por la delicada situación del sector, reflejada en los resultados del IMAE 2020 por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La construcción ha sido de los sectores más golpeados por la situación económica nacional, con tasas de actividad que muestran decrecimiento desde diciembre 2018. Este escenario, que ya era preocupante a inicios de año, se ha vuelto verdaderamente grave a raíz de la emergencia nacional generada por la pandemia del COVID-19 y las implicaciones socioeconómicas de las medidas tomadas para contener el contagio.

Los datos del BCCR confirman lo que ha venido señalando reiteradamente la Cámara. A marzo la industria de la construcción acumuló dieciséis meses de variaciones negativas. Durante ese mes se presentó una caída de 15,6% en el sector, producto de una reducción de 19,2% en la construcción con destino público y un decrecimiento 11,2%,en la construcción con destino privado.

Nuevamente hacemos un llamado al Gobierno sobre la necesidad urgente de aumentar la inversión en infraestructura pública, de manera que todas las entidades gubernamentales ejecuten de forma prioritaria sus presupuestos de inversión, para iniciar cuanto antes, los proyectos incluidos en sus carteras.

Es necesario impulsar fuertemente la construcción de escuelas, viviendas, acueductos, edificios estatales y centros de atención de la salud, además de acelerar el desarrollo de las obras de infraestructura vial. Se debe pasar de los planes y proyectos planteados a la ejecución de las obras, para lo cual resulta indispensable que el gobierno presente un plan detallado, con responsables y fechas, para acelerar los procesos de licitación, los actos de adjudicación y agilizar los proyectos en proceso, eliminando los obstáculos a nivel de trámites, revisiones, permisos, entre otros.

Asimismo; es necesario generar confianza en los inversionistas privados. El gobierno debe enviar señales fuertes de que está tomando medidas para reactivar la economía. Más allá de los anuncios realizados es necesario nuevamente contar con una hoja de ruta, con responsables y fechas, que nos permita dar seguimiento a acciones concretas, para que así los empresarios vuelvan a tomar decisiones de inversión.

Las empresas del sector construcción están haciendo el mayor de los esfuerzos para mantener las operaciones y proteger el empleo, para preservar los medios de subsistencia de los colaboradores, pero se requiere contar con medidas de reactivación específicas y ejecutables en el corto plazo, para atender las necesidades del sector porque de lo contrario la crisis en el sector se profundizará aún más.

En este sentido, la Cámara alerta de que el próximo 1° de julio los proyectos cubiertos por el Transitorio V de la Ley 9635, pasarán a pagar un 4% de IVA sobre los servicios de construcción, en medio de una situación país sumamente gravosa. Por esta razón, se hace necesario tomar medidas para ampliar la exoneración y además para permitir mejores condiciones tributarias para los nuevos proyectos, con el fin de evitar un golpe mayor en la actividad económica del país.