Cámara Costarricense de la Construcción

La ruta para lograr la reactivación económica

Alan Saborío * ceocr@deloitte.com 19/11/2019

Hay síntomas muy claros que nos indican que la actividad económica en nuestro país requiere de una vitalidad mayor, pues hay enfermedades que siguen latentes como son el desempleo y las dificultades que seguimos enfrentando como país para generar puestos de trabajo. Pero la medicina debemos generarla todos, porque la reactivación económica es responsabilidad de todos.

La solución pasa también por todas las instancias del sector público, a fin de crear las condiciones necesarias para que desde el sector privado se puedan emprender los negocios y las acciones que apunten a dinamizar la actividad económica. Entre las acciones que más impacto tienen en el corto y mediano plazo están las relacionadas con el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, analizando el contexto, encontramos una realidad que apunta a no permitir el desarrollo de este sector, donde la inversión pública juega un papel esencial.

Se necesita que los trámites administrativos para la ejecución de los procesos de licitación se hagan bien, de manera clara, transparente y expedita, a fin de desincentivar la cacería que generan las objeciones a los carteles y las apelaciones a las adjudicaciones, porque entre más tarde un proceso licitatorio, más caro resulta el proyecto y menos impacto se logra en la generación de más inversión pública y a su vez en la dinamización de la economía.

Pero por otro lado, también se requiere que las empresas que participan en estos procesos encuentren nuevas opciones de inversión y de trabajo para que, el ganar un proyecto, no se convierta en un canibalismo donde todo se vale con tal de ser el adjudicado. Si bien en un estado de derecho esto es posible, lo que no es posible es que, por el afán de hacerse con el proyecto, paralicemos por meses y hasta por años el inicio de las obras. En esto el Estado y sus instituciones deben crear las condiciones y la transparencia necesarias para que se generen más opciones en las que todos tengan su espacio y no que lo poco que se puede hacer entre en un proceso tan lento y desesperante que solo genera más inacción y menos reactivación.


¿Qué hacer? Si se crean las condiciones, se tienen los recursos y se cuenta con una cartera interesante de proyectos de infraestructura de transporte y social, debe buscarse el mecanismo para orientar los esfuerzos en una sola dirección: crear más oportunidades de negocio y más empleo.

Entre las acciones más importantes están el crear un régimen de contratación excepcional que suspenda la aplicación de los controles previos existentes en la normativa ordinaria, definir una estructura funcional que se encargará de la implementación del plan de contingencia en infraestructura, asumiendo el proceso completo de diseño, contratación, ejecución y supervisión de las obras, directamente o por medio de terceros definidos en leyes especiales, pero que son liderados por esta estructura funcional que se defina; y priorizar aquellos proyectos que cuentan con financiamiento o apetito del sector privado para desarrollar por medio de APP o concesiones. En tres palabras: desentrabar, liderar y priorizar.

Estamos ante una coyuntura favorable para ir en esa dirección con la reforma a la Ley de Contratación Administrativa que está promoviendo la Contraloría General de la República, a fin de que repensemos el elenco de controles previos que existen y que no parecen superarse de manera sustantiva en esta propuesta, pues es indudable que la contratación administrativa es un dinamizador de la economía, siempre que se haga de manera expedita, oportuna y transparente.


*Alan Saborío es Socio Director de Deloitte