Cámara Costarricense de la Construcción

Agua potable y saneamiento sin rector

Ing. Henry Alfaro Rojas, MGP halfaro@incopoas.onmicrosoft.com 02/05/2019

¿Quién es el Rector de Recurso Hídrico en Costa Rica? La verdad es que como decían los abuelos, ¡el papel aguanta lo que le escriban! En la Costa Rica actual tenemos diferentes entes administrando y tomando decisiones en esta materia: Asociaciones de Acueducto y Alcantarillado Sanitario (ASADA), Sociedades de Usuarios de Agua (SUA), Municipalidades, ESPH, Dirección de Aguas y SENARA dentro del MINAE, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, INVU, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y finalmente la Sala Constitucional. Lo anterior sin mencionar la explotación ilegal de pozos y captaciones tanto para uso humano como para riego y consumo agroindustrial.

Si bien existe consenso sobre el valor trascendental que para la vida tiene el recurso agua, no hay acciones claras, sostenidas y unificadas en torno a la gestión de ese elemento, lo anterior se convierte en un verdadero absurdo cuando inventariamos la riqueza hídrica de Costa Rica, cuyo espejo de agua supera más de 10 veces nuestra cobertura terrestre: solo entre mar territorial y zona económica exclusiva tenemos 538.273 km², más los espejos de los ríos, lagos, lagunas y manglares; todos juntos deberían ser vistos como la principal de las riquezas ambientales del país y eso debe gestionarse integralmente.

Tenemos una amplia cobertura de la población con servicio de agua potable, pero una pésima, para no decir la peor nota latinoamericana, en el servicio de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales, situación que se traduce en la mayor contradicción de un país que se vende al mundo con un discurso de ecologista y protector del medio ambiente.

De poco sirve una cobertura boscosa del 54% del territorio y aproximadamente un 20% de nuestro territorio en parques nacionales y áreas protegidas, si hemos acabado con la vida y ecosistemas de nuestros ríos. Sí, tenemos agua, y a pesar del cambio climático sigue siendo mucha, de excelente calidad y de fácil acceso, quizás por eso la usamos de manera irresponsable y la devolvemos a nuestros con niveles de contaminación (DBO y DQO) que ya no pueden ser procesados por la naturaleza.

Claro ejemplo de lo dicho lo constituye el Voto de la Sala Constitucional 1923-2004, que condena a la Municipalidad de Poás, INVU, SETENA, AyA y MINAE. Entre otros aspectos medulares al respecto de las aguas subterráneas este voto indica: “Consecuentemente, lo idóneo es que existiera un ente administrativo regulador y rector en la materia, sin embargo, las competencias para el manejo integrado de los recursos hídricos subterráneos se encuentran dispersas y fragmentadas, por lo que, ocasionalmente, son exclusivas o excluyentes de un solo ente y, la mayoría de las veces, concurrentes, compartidas o paralelas lo cual requiere de un esfuerzo de coordinación administrativa particular para asegurar su utilización sostenible. En el conjunto heterogéneo y disperso de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense se puede identificar un sector de éstos que tienen asignadas, por ley o reglamento, una serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer de forma efectiva en aras de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes del país. En ese sector del aparato público o de organizaciones serviciales para la satisfacción de las necesidades de toda la colectividad, se puede identificar un grupo que pertenece a la administración central o ente público mayor –Estado- que son, preponderantemente algunos Ministerios u órganos de éstos- y otro conformado por entes descentralizados funcionalmente o por servicios –de carácter técnico- y territorialmente –Municipalidades-”.

Particularmente este voto da origen a la hoy famosa Matriz de Vulnerabilidad Acuífera de Poás, instrumento que contrario a cualquier proceso razonable de planificación urbana, termina por disposición de la Sala Constitucional afectando un amplio porcentaje del territorio costarricense y convirtiéndose en un instrumento de restricción desproporcionado e inadecuado para la planificación y gestión del desarrollo y uso del territorio. La incapacidad para lograr acuerdos y consensos sobre los conceptos de riesgo a la contaminación, vulnerabilidad e impacto y medidas de mitigación que permitieran a la SETENA la aprobación de EIAs y PGAs en apego a su normativa interna, así como la corrupción de sentido común, obligando a gastos desmesurados en estudios que no agregan valor, consecuencia de mapas deficientes y erróneos aprobados por SENARA, así como la repartición de funciones de una Institución a otra, donde por un lado el AyA por años ha exonerado proyectos urbanísticos y condominios de la construcción de plantas de tratamiento y por otro nos ¡rasgamos las vestiduras! promulgando una Política Nacional de Saneamiento Ambiental, así como el extremo conservacionista que no permitía captaciones de agua para consumo humano dentro de las áreas protegidas que son patrimonio natural del Estado, tienen hoy a nuestro país en jaque, con poco espacio para el mate.

El desarrollo de Costa Rica, sin ninguna duda pasa por la capacidad que tengamos de hacer un uso adecuado del Recurso Hídrico. Desde el manejo integral de las cuencas y los planes reguladores del crecimiento urbano, agrícola e industrial y uso del suelo incluyendo la ZMT. Hasta la regulación de la explotación de la fuentes de agua, ya sean nacientes, tomas a filo, pozos o instalación de plantas desalinizadoras, con la infraestructura de captación, conducción, almacenamiento, distribución y medición, así como el respectivo tratamiento de los caudales consumidos, ya sea mediante sistemas individuales de tanque séptico y drenajes, sistemas mejorados de tratamiento individual, plantas de tratamiento, o colectores y tratamientos secundarios y terciarios en ciudades enteras, debe ser una gestión integrada que hoy nadie realiza y por la cual llegamos a un Estado entrópico, descoordinado y desacoplado que frena las posibilidades de nuestra sociedad actual de alcanzar el bienestar que los tiempos actuales podrían permitir.

Es necesario y urgente un replanteamiento de la importante gestión y rol que hoy juegan las ASADAS y otros operadores del servicio de agua potable. El país debe fortalecerlas, agruparlas y regionalizar el apoyo y seguimiento que por la vía de los convenios de delegación el AyA está obligado a aportar a estas organizaciones de base, que tienen en sus manos el desarrollo o la paralización de porciones importantes del territorio. La evasión de la responsabilidad rectora y administradora que ocurre cada vez que se entrega a un desarrollador o vecino, una carta de NO disponibilidad, invitándolo a resolver individualmente su necesidad de agua, es un acto de irresponsabilidad frente al desafío y riesgos que la gestión del recurso hídrico plantea a nuestra generación.

La historia nos cuenta de la gran crisis de agua que vivió San José por la década de los 60, previo a la construcción del acueducto desde Orosi. Hoy los problemas de abastecimiento están a la vista, racionamiento, suspensión del servicio y otros son noticia por varios meses del año. Con el agravante de un discurso poco creíble por parte del AyA, achancando la causa de este desabastecimiento al cambio climático y supuesta reducción de las captaciones. Esta gran mentira solo es una cortina de humo, para tapar la incapacidad que por años ha tenido la institución para gestionar el sistema integral de acueducto para abastecer a su población meta con los respectivos planes de crecimiento y expansión. Todos tenemos claro el comportamiento cíclico de los aforos en nacientes y ríos, por eso se diseñan los acueductos para los caudales mínimos de los años secos. El verdadero problema que hoy tiene nuestro país es no ver y no actuar frente a la causa del problema que es la incapacidad gestora y escasa o nula planificación por la que no se construyeron a tiempo nuevos sistemas de captación, conducción, almacenamiento y distribución. No se dio en mantenimiento, seguimiento y control a la red actual, al punto casi irónico de indicarnos el AyA, que registran un 50% de agua no contabilizada, o sea estamos pagando un 50% de ineficiencia del sistema con agua que supuestamente sale de la captación, pero no se registra en la facturación. ¿Cuál empresa puede sobrevivir soportando esa ineficiencia? A esto debemos sumarle la mala educación de nuestra población en cuanto al uso del agua potable, es normal y comprobable en algunas ASADAS que no tienen problemas en sus fuentes ver cómo la facturación de agua se incrementa en más de un 50 % en los meses de verano.

El reto está planteado, la Cámara Costarricense de la Construcción y otros entes con conciencia, conocimiento de la realidad y responsabilidad social, han venido planteando a las autoridades de país esta difícil situación que se manifiesta a lo largo y ancho del territorio. En infraestructura, el problema hoy va más allá de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Hoy el problema es la infraestructura de abastecimiento y tratamiento del agua potable para la población actual, futura y el crecimiento agroindustrial. Sin disponibilidad de agua no habrá crecimiento y no habrá más fuentes de empleo para las actuales y futuras generaciones.