La equivocada interpretación que pretende imponer el Ministerio de Hacienda para aplicar el Impuesto al Valor Agregado amenaza con empeorar el faltante de vivienda del país.

El déficit habitacional real en Costa Rica es de 53,6%, de acuerdo con un estudio publicado por la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) en diciembre pasado, y que toma como base información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Ese dato incluye el faltante natural (es decir, casas que del todo no existen pero son necesarias dada la cantidad de familias que hay en el país), y que está en 1,90%. Se le añade el déficit cualitativo, que son las residencias ya construidas pero que están en mal estado o presentan condiciones de hacinamiento. En este caso el faltante es de 51,70%.

El déficit total equivale aproximadamente a 802.000 viviendas que deberían construirse o bien repararse. No obstante, mientras el país enfrenta esta realidad en un tema tan sensible y de tan alto impacto en la calidad de vida de las personas, el Ministerio de Hacienda pretende cobrar el Impuesto al Valor Agregado de una manera en que se convertiría en un freno para la generación de viviendas.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocida como Plan Fiscal) se aprobó con una gradualidad para los servicios relacionados con la construcción de esta manera:

• Primer año, exentos
• Segundo año, 4%
• Tercer año, 8%
• A partir del cuarto año, 13% 

Este escalonamiento reconoce el enorme peso de la industria constructiva en áreas como la vivienda y la generación de empleo.

No obstante, a la hora de reglamentar la Ley, Hacienda presentó (como borrador aún sin aprobación definitiva) una interpretación que solo contempla la gradualidad para proyectos que ingresen a la plataforma de trámites antes del 1.° de octubre. De esta forma, todos los proyectos que inicien después de esa fecha pagarán de una vez el 13% en servicios como ingeniería, topografía, diseño, arquitectura, etc.

La Cámara Costarricense de la Construcción calcula que el IVA aplicado sin gradualidad encarecerá las edificaciones (incluyendo viviendas) en un 9%, lo cual significará un obstáculo insalvable para muchas personas que anhelan comprar o reparar su casa.

Diversas voces del sector construcción -entre ellos la Cámara- han levantado su voz contra esta medida propuesta por Hacienda, para que el Reglamento respete lo establecido en la Ley y no empeore todavía más el déficit habitacional del país.