Cuando hablamos de infraestructura debemos entender por ella todas aquellas obras, incluyendo su operación y mantenimiento, necesarias para el adecuado desarrollo de un país. Así, sabemos que es necesaria infraestructura de Transporte (carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, ferrocarriles), Salud (hospitales, clínicas), Agua (presas, canales, encauzamientos, conducción, colectores, plantas de tratamiento), Educación (escuelas, universidades), Energía (generación, transmisión, distribución, refinerías, oleoductos, centrales de producción), Seguridad (cárceles, tribunales de justicia), y otras instalaciones públicas y privadas necesarias para producir bienes y prestar servicios. 

La calidad de la infraestructura de un Estado tiene relación directa y un alto peso relativo en la ecuación de bienestar y nivel de vida de su población. En concordancia con lo anterior, sabemos que las deficiencias en elementos del sistema de transportes, como es el caso de nuestro país, producen enormes pérdidas tanto en accidentes como en millones de dólares para la economía y en malestar, salud y tiempo para los ciudadanos. Al respecto el último informe del Estado de la Nación es amplio.

Mucho se dice de cómo resolver el problema, pero poco se hace que sea congruente y que tienda a perdurar en tiempo más allá de un simple período presidencial.

El economista nacional Federico Villalobos señala cuatro elementos clave para modernizar, operar y mantener la infraestructura de un Estado de manera eficiente y sostenible, coincidiendo con publicaciones existentes en materia de Alianzas Público-Privadas (APP):

• I. Visión estratégica de largo plazo (acuerdo político para romper el ciclo electoral)
• II. Realizar Pre-Inversión (preparación de proyectos)
• III. Metodologías claras para modelos de financiamiento y gestión de proyectos
• IV. Posicionamiento como destino de inversión (seguridad jurídica y proyecto país)

En un país como el nuestro, donde por décadas hemos gastado (no invertido) sumas millonarias en un Ministerio de Planificación, un Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y en oficinas de planificación institucional, cómo explicar que tengamos malos y desactualizados o incompletos depósitos de información, “banco de proyectos” y planes operativos anuales (POA) que agregan poco o ningún valor a la Gestión Integral de Proyectos de Capital.

La causa de este problema radica justamente en que nuestra institucionalidad se niega a separar lo operativo de lo proyectado, dos mundos diferentes. Lo primero abre y cierra operaciones rutinarias todos los días; lo segundo debe responder a una Estrategia País, con la materialización de Proyectos que obedezcan a modelos de gestión diferentes a los actuales, parte de un Plan País, donde la definición de alcances, tiempos, costos sea completa y por lo tanto, que el enfoque sea hacia lograr resultados eficaces, con proyectos exitosos.

Esta visión, de actualidad en el mundo de hoy, asusta a un sistema público en el que muy pocos aceptan lo trascendental de este tema, sistema que sigue evaluando aspectos meramente de trámite, cuando nuestro verdadero problema está en los obsoletos modelos de gestión de proyectos que seguimos utilizando y que se entrelazan con las operaciones diarias de las instituciones, sin alcanzar los resultados esperados.

No vale la pena citar ejemplos, de eso están llenas las noticias nacionales. Hoy sabemos de decenas de proyectos mal gestionados y podemos cuantificar miles de millones de dólares gastados (difícilmente invertidos) en apelaciones, procesos infructuosos, órdenes de cambio, ampliaciones contractuales y reclamaciones de contratistas resultado de proyectos mal gestionados por el Estado.

Existe solución y existe el conocimiento, lo que parece no existir es la intención de una solución integral. Saber qué hacer no es suficiente, querer hacerlo tampoco, para romper el ciclo político debemos trascenderlos. Bastantes son los errores cometidos por nuestros políticos apostando una y otra vez por soluciones que no son solución, inventando roles y responsabilidades a quienes no les corresponde, creando ministerios inútiles que no agregan valor, cuando lo que procedía era eliminar, fusionar o replantear instituciones, con objetivos claros, organización y procesos de actualidad.

En materia de obras, el verdadero origen del problema de la incapacidad de gestión del Estado, es por limitaciones en asuntos eminentemente técnicos que ya están resueltos en otros países, incluso del área centroamericana y requiere de nuevos modelos de gestión de proyectos.

El Estado se enredó en sus mecates y los responsables no dan el paso para separar lo Estratégico de lo Operativo. Un verdadero Portafolio de Proyectos país es urgente, no existe en Costa Rica una Oficina Estatal de Proyectos (Project Management Office o PMO por sus siglas en inglés) que cree la base de conocimiento y los mecanismos y procedimientos claros, congruentes y alineados para fortalecer la gestión y el desarrollo de nuestra infraestructura pública. Ni MIDEPLAN, ni el SNIP, ni siquiera el CNC tienen hoy los instrumentos que den la certeza del camino a seguir ni la seguridad jurídica que un empresario e inversionista serio necesita, de esos muchos que requerimos para dinamizar nuestra economía y traer bienestar y mejorar la calidad de vida a toda la población.

Es hora de dejar de equivocarnos, es momento de hacer lo que debe hacerse, que en materia de obras significa hacer el proyecto correcto de la manera correcta, y esto requiere un Portafolio, con sus programas y proyectos, priorizado y gestionado siguiendo prácticas internacionalmente reconocidas para las cuales el Proyect Management Institute (PMI) nos da estándares a seguir.

Cuando el conocimiento está, pero no los instrumentos para aprovecharlo, se requiere una posición clara, valiente, que trascienda a todos los gobiernos, incluso al “Gobierno del Bicentenario”, que tiene la oportunidad y podría heredarnos una organización que es urgente, si es que realmente esta Administración tiene las ganas y la visión de trabajar por Costa Rica de manera coherente con lo predicado en sus discursos.

Estamos a tiempo para que esta Administración tome decisiones en aras de resolver una problemática anquilosada, en un aparato estatal cada vez más obsoleto, más inútil, más derrochador y más capaz de destruir cualquier intento de mejora institucional que busque corregir las conductas perversas, conformistas y mezquinas que poco a poco han ido cambiando para mal al ser costarricense del que nos sentíamos orgullosos.

*El autor de este artículo es miembro del Comité de Consultores de la Cámara Costarricense de la Construcción