Cámara Costarricense de la Construcción

Cámara rechaza intenciones del ICE de construir obra pública

Gustavo Jiménez Maroto comunicacion@construccion.co.cr 24/10/2018

La Cámara Costarricense de la Construcción se pronuncia de la manera más enérgica en contra de la posibilidad de que el ICE asuma proyectos constructivos que van más allá de sus competencias, tal como lo manifiesta abiertamente la Presidenta Ejecutiva de la institución, Irene Cañas, en la entrevista que se publicó este 23 de octubre en el periódico La República y en la cual indica la intención de seguir participando en obras como escuelas y carreteras. 

Como es bien sabido, desde hace varios años el ICE ha venido participando en proyectos que no corresponden a energía y telecomunicaciones, los cuales son los ámbitos de acción que establece expresamente la ley para dicha institución. Al respecto, la Cámara ha manifestado de manera reiterada las siguientes inquietudes:
 

  • Los proyectos que construye el ICE se caracterizan por tener millonarios sobrecostos y por no cumplir con los tiempos de entrega.
  • La participación en proyectos constructivos conlleva riesgos importantes para los contratistas, tanto por errores de presupuestación como por retrasos.  En el caso del ICE no hay claridad sobre quién asume esos costos adicionales. ¿Se trasladarían a los usuarios vía aumento de tarifas?
  • Se trata de una competencia abiertamente desleal. El ICE cuenta con exoneraciones que le permiten adquirir maquinaria en condiciones muy ventajosas frente a la empresa privada.
  • No existe transparencia sobre el estado real de las finanzas del ICE, y peor aún, el Instituto tiene varios años de enfrentar pérdidas importantes. En tales condiciones, ni siquiera debería contemplar la opción de competir por proyectos y arriesgar aún más el patrimonio institucional.
  • Tanto la Procuraduría General de la República como de la Contraloría General de la República se han pronunciado sobre la participación del ICE en la construcción de obra pública, advirtiendo sobre la ilegalidad de que esta entidad invada otros campos. 
  • La PGR, en su opinión jurídica OJ-122 del 5 de noviembre de 2015, señala que la construcción de obra pública no es una actividad que forme parte de las competencias actuales del Instituto.
  • Además, la Contraloría General de la República, en el DFOE-DI-208 del 3 de febrero de 2016,  indica claramente que para prestar estos servicios el ICE requiere de una autorización legal expresa, que en estos momentos no existe. 

La Cámara aboga por un clima de competencia sana, en igualdad de condiciones, pero la participación de esta entidad significa una distorsión imposible de pasar por alto.  

El ICE debe adaptarse a la nueva realidad sobre telecomunicaciones y consumo de energía. Si las condiciones actuales en esos mercados han variado radicalmente producto de las nuevas tecnologías, la institución debe ajustar sus finanzas e incluso el tamaño de su planilla a tales circunstancias.  En lugar de usurpar otros campos para competir de manera dudosa y con los conocidos problemas de ineficiencia, debería centrarse en recuperar el terreno perdido en el ámbito de acción para el cual fue creado. 

La Cámara seguirá alertando sobre este tema y discutiéndolo al más alto nivel con el actual Gobierno. La posibilidad de que el ICE invada el campo de la construcción, lejos de representar un avance para el país, significará obras más caras y con mayores retrasos, y peor aún, arriesga  innecesariamente a una institución que ha sido un baluarte nacional en materia de energía y telecomunicaciones.