Durante los últimos años resulta común escuchar a jerarcas de instituciones públicas en ejercicio, presidentes y vicepresidentes del Estado costarricense, así como candidatos a la presidencia y vicepresidencias indicar que la solución principal al problema de infraestructura está en las Alianzas Público Privadas (APPs). Para quienes hemos levantado la bandera de la Gestión Integral de Proyectos de Capital y la urgente necesidad de aplicar buenas prácticas internacionalmente reconocidas, resulta poco creíble y un discurso más, lleno de vacíos, a menos que se tomen acciones en la dirección correcta para crear la base de conocimiento que permita el desarrollo de este modelo que ya no es novedoso en el mundo, por el contrario, ha evolucionado a lo interno de muchos países y su aplicabilidad se diversifica en forma dinámica.

Infraestructura vial, transporte público en diversas modalidades, puertos, aeropuertos, infraestructura educativa, hospitales, edificios públicos de diverso uso, sistemas de agua potable y saneamiento entre otros han encontrado en las APPs una solución viable que toma lo mejor de dos mundos y mediante un complejo pero muy detallado esquema contractual, logra materializar la ejecución de obras de gran cuantía económica y beneficio social sin comprometer las finanzas del Estado y aún más, asegurar su modelo de operación y mantenimiento durante el plazo de vigencia contractualmente establecido.

En el modelo tradicional, hace algunas décadas en Costa Rica tuvimos un MOPT que lo hacía todo, planificaba, diseñaba, ejecutaba y mantenía la mayoría de las obras. Solo algunas grandes obras eran dadas en contrato, tanto los diseños como los contratos de ejecución. Con el desmantelamiento del MOPT en la década de los ochentas, todo se empezó a contratar y ya tenemos varios decenios contratando laboratorios, estudios básicos, diseños, términos de referencia, presupuestos, ejecución y hasta la inspección, inclusive recientemente la absurda figura de fideicomisos para hacer infraestructura, como ha sido el caso de la Ruta 1. Esta cadena de servicios contratada por el Estado al sector privado genera de licitaciones en serie y con ello grandes atrasos para llegar a ver la obra construida. Lo anterior sin tomar en cuenta que también en el mejor de los casos se hacen contratos de mantenimiento, que son muy mal controlados, y se alejan mucho de modelos de pago por nivel de servicio en el caso de infraestructura vial.

La necesidad del Estado es amplia, el MOPT, el ICAA, el ICE, la CCSS, el MEP, las Municipalidades, y el Estado mismo, están entre los principales entes que requieren obras públicas y que no cuentan con el contenido económico suficiente para hacer obras con cargo al presupuesto, pero esa no debería ser la razón para pensar en una APP, a pesar de que lastimosamente pareciera ser la razón que hace volver la mirada a las APPs. Un proyecto debería tener la pre inversión suficiente como para llegar a su viabilidad legal, técnica, financiera, ambiental y social. Conociendo su VAN y su TIR, la realidad económica y el costo del dinero para los diferentes actores. La pregunta correcta debería ser para cada proyecto. ¿Qué conviene más al estado para el proyecto “X”? Acaso será pagarlo con cargo al presupuesto, buscar un financiamiento internacional, hacer una APP donde la concesión es solo una posibilidad, desarrollar un modelo BOT, etc. En este punto debemos caer en la cuenta de que ese proyecto “X”, debió ser parte de un programa y éste a su vez parte de un portafolio o cartera y por lo tanto bajo un esquema de gobernanza debió ser priorizado y coordinado entre el ente impulsor y los ministerios de Planificación y Hacienda y su fase de ejecución en consecuencia sería producto de un proceso planificado y no de la improvisación.

Cuando pensamos en los desastres que para Costa Rica ha representado la Gestión contractual de la Ruta 27, la situación de la Ruta 1, la Ruta 32, la Carretera a San Carlos, la conclusión de la Circunvalación Norte, la llegada de UNOPS, los errores en el acceso a la TCM, la tardanza en la ejecución del fideicomiso del MEP, la continuidad de Cañas-Limonal y Limonal-Puntarenas, los grandes errores en los procesos de planificación del edificio de la Asamblea Legislativa, la larga espera para tener claridad de un proyecto de mejora del sistema de transporte público, Metro, Modernización del tren, Estaciones intermodales y la lista sería grande si nos adentramos en lo interno del ICAA y su incapacidad para gestionar proyectos de agua potable y saneamiento en detrimento claro del ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes de Costa Rica. Debemos caer en la cuenta de que para hacer APPs exitosas resulta menester la creación de un modelo de gobernanza con la gestión competente que nos lleve de nuevo a ser líderes en infraestructura y como consecuencia en desarrollo humano. Tarea imprescindible para el próximo Gobierno.