Defensor de la alianza con la empresa privada

Cynthia Briceño Obando cbriceno@zonadeprensa.co.cr 03/02/2018

Mario Redondo Poveda tiene más de 20 años trabajando en política. En este tiempo fundó su propio partido, Alianza Demócrata Cristina, con el que hoy aspira llegar la Presidencia de la República.

El caudal político acumulado en dos décadas de don Mario se nutrió de su experiencia como líder comunal en su natal Cartago, regidor municipal, diputadoy presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 2003- 2004. 

En el periodo legislativo actual (2017-2018) sus acciones se centraron en la presentación de propuestas para mejorar la gestión pública, reforma administrativa del Estado, generar crecimiento económico con solidaridad social, combate y lucha contra la corrupción, freno al despilfarro, mejorar la infraestructura vial y las inversiones públicas, propuesta de Reforma Educativa. También, justicia pronta y cumplida para combatir la impunidad y equilibrar responsablemente el trato dado a las víctimas dentro de los procesos penales, entre otros. 

Además, fungió como presidente de la Comisión de Aduanas, Comisión de la Reforma Fiscal y Comisión de Ingreso y Gasto Público.

En el ámbito concreto de la construcción y de políticas públicas para el desarrollo, Redondo asegura sentirse seguro y con vasto conocimiento, adquirido a través de las relaciones que ha desarrollado como asesor de organismos como el PNUD, OEA, GIZ, BCIE, y de Cámaras de empresarios, industriales y de la Construcción, concretamente.

En el tema de infraestructura productiva e infraestructura social, ¿cuáles son sus planes específicos para un gobierno Redondo Poveda?

MR: En Alianza Demócrata Cristiana hemos trabajado desde ya hace años atrás incluso en proyectos para la reactivación de la economía como instrumento para contribuir al desarrollo del país y que se convierta en un círculo virtuoso que permita generar miles de empleos, darles vivienda a las familias, construir escuelas… etc. En este sentido, hemos dicho que nuestro “proyecto estrella” en un próximo gobierno pasa por estas acciones de construir carreteras, puentes y escuelas a través de la implementación -de una vez por todas- de los más de $4.300 millones que el país tiene aprobados en préstamos y que no se han ejecutado, así como el uso efectivo de más ¢155.000 millones  -el superávit que tiene el país en el sistema financiero para la vivienda- y de ¢210 millones de colones aprobados para las Junta de Educación para la construcción de aulas y escuelas. Además, impulsaremos un procedimiento de urgencia para procesos de contratación las 15 obras calificadas como urgentes por parte del grupo Consenso, así como la construcción del Canal Seco.

Profundizando en el tema de vivienda, ¿cuál cree usted que es el principal desafío país en esta materia?

MR: Yo creo que el principal problema que tenemos es de “miopía política”. No ha habido la visión ni la capacidad de articular con el sector privado los mecanismos que nos permitan desarrollar la vivienda con mayor amplitud. Y es por eso que tenemos los altos superávits en el sistema financiero de la vivienda. He realizado inclusive trabajos para la Cámara Costarricense de la Construcción en esta materia, identificando oportunidades y tratando de viabilizar la figura de fideicomisos, para construir obra pública y aprovechar los recursos de largo plazo disponibles, como los fondos pensiones, para inyectar recursos al desarrollo de proyectos urgentes.

En cuanto a competitividad, los temas de falta de desarrollo de infraestructura productiva y la inseguridad jurídica para nuevas inversiones y nuevos negocios, han sido históricamente puntos bajos para el país. Teniendo esto en mente, ¿cuáles son sus propuestas para mejorar los índices de competitividad del país?

MR: Yo creo que es posible darle competitividad al país y soltar tantas amarras. Nuestro sector productivo necesita y merece mayor seguridad jurídica y acompañamiento de parte del gobierno, quien debe crear las condiciones ideales y enviar al mundo las señales correctas para el desarrollo de negocios y la robustez y estabilidad de la economía; cosa que el gobierno del Partido Acción Ciudadana no hizo y que nos hizo caer en índices negativos.

En un gobierno de Alianza Democrática Cristiana va a caminar de la mano con el sector productivo para generar las oportunidades de negocio y las opciones de empleo que necesitan los costarricenses. Concretamente, generando una política fiscal amigable con la generación de empleo, simplificación de trámites, reivindicación del Consejo Presidencial de Competitividad y avanzar en las obras de infraestructura que nos permitan mejorar la capacidad productiva del país.

¿Cuál es su propuesta para avanzar en la simplificación de trámites?

MR: Nosotros somos del criterio de que mucho mejorará en materia de trámites si simplemente se aplican las leyes aprobadas. El gran problema es que no se aplican. Por eso es que vamos a reivindicar el silencio positivo y la aplicación y cumplimiento de metas de cumplimiento para las instituciones. Este cumplimiento debe ser de seguimiento directo y riguroso del ejecutivo a través del Consejo Presidencial de Competitividad, aplicando las sanciones que sean necesarias.

En el tema de reforma fiscal, a la par de las iniciativas para mejorar la recaudación y controlar el gasto público, se plantea el cambio del impuesto de ventas al de Valora Agregado. Hasta ahora esto no ha sido posible. ¿Cómo plantea llevar este cambio a cabo?

MR: Estamos absolutamente convencidos de que el tema fiscal es un asunto inminente, serio y que hay que abordarlo con celeridad y mucha responsabilidad. Hemos hablados de medidas muy puntuales; entre ellas: 1. Cerrar portillos a la corrupción, 2. Combatir el contrabando y la evasión, reformando las aduanas y colocando escáneres y otros mecanismos digitales para mejorar la fiscalización. 3. Reducción del gasto público y frenar los disparadores del gasto. En materia de empleo público hay que regular salarios y otros pluses y 4. Modernización de los tributos, como el paso de IV a IVA, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector, así como grabar las ganancias de capital 5. Vender activos del Estado y adicionalmente, 6. Explorar la posibilidad de extraer gas natural en el país.

En materia de transporte y vialidad, ¿cuáles son las soluciones que un gobierno suyo planteará y llevará a la práctica?

MR: El tema de movilidad urbana es fundamental en el país. En este particular creemos en la necesidad de un tren eléctrico moderno para el Gran Área Metropolitana y compartimos con las recomendaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) de que en un principio se aprovecha el derecho de vía que ya tenemos y más bien desarrollar vía concesión una etapa en la que el tren que operamos pueda operar en dos niveles.

Adicionalmente a este, promovemos el tema de vehículos eléctricos, uso de energía renovables y el uso de terminales intermodales, con verdaderas centrales de transporte. En este sentido somos proclives a ofrecerles a los usuarios de servicios todas las opciones posibles y es por eso que no negaré la posibilidad de que opere UBER, con regulaciones y compitiendo en igualdad de condiciones con otros prestadores de servicios.

Por último, ¿cómo califica el desempeño del sector construcción en el contexto del desarrollo país?

MR: Como el sector con más amplias posibilidades de aportar al país, no solo porque por su naturaleza misma es un reactivador de la economía, no solo por su capacidad de generar empleos, infraestructura y vivienda para las familias, sino de generar confianza y bienestar para todo el país.